La gloriosa Reforma Laboral

La Laborada Reforma Laboral

 

 

Miembros del Gobierno, representantes de las distintas patronales y agentes sociales se disponían a posar para la foto histórica, exultantes los gestos y los ademanes. Acababa de pactarse la Reforma Laboral de-fi-ni-ti-va que nos lanzaría a la órbita del progreso y por fin a un futuro próspero para la nación. Las negociaciones habían resultado interminables y agónicas, fue especialmente difícil hacer entrar en el pacto a los sindicatos, que finalmente accedieron, fundamentalmente tras conseguir una importante victoria parcial a última hora: la jornada laboral de los sábados quedaría en seis horas en vez de ocho. “Es mucho dinero lo que perdemos con eso”, mascullaban los de las confederaciones de pymes, y orgullos los líderes de las principales centrales enarbolaban la bandera de esa carta ganada. Era muy significativa esa mejora, ya que con ella conseguían salvar uno de sus principales compromisos: en ningún caso iban a consentir una semana de más de 60 horas trabajadas. Y en efecto, no pasarían de 59, un triunfo. Eso sí, las organizaciones empresariales habían logrado en el último minuto introducir una pequeña cláusula: “salvo acuerdo bilateral entre empresa y trabajador”.

Los entusiastas diarios y cadenas de los principales grupos mediáticos adictos del país preparaban sonoros y eufóricos titulares: “Sellado el pacto por la estabilidad y competitividad laboral”, “España apuesta firme por el crecimiento”, “Trabajadores y empresarios unidos por el futuro”. Pocos espacios sin embargo se dedicarían a explicar minuciosamente los términos de la nueva figura contractual, clave de toda la reforma: los ridi-jobs. Establecían, básicamente, una duración mínima del contrato de un mes, indemnización de cinco días por ejercicio a partir del cuarto año trabajado, arbitraje supervisado por las patronales sectoriales en caso de demanda de despido improcedente, media paga de vacaciones –lo que fue objeto de encendidos debates- y opción de solicitar una revisión salarial cada ocho años. En cuanto a la jornada, en detalle: 10 horas diarias de lunes a viernes, las seis citadas los sábados y una jornada completa cada cuatro domingos. Así, la media semanal quedaba en 58,5 horas semanales para honda satisfacción de los sindicatos e indisimulado pesar de los empresarios. Eso sí, las horas extras y su posible remuneración quedaban a determinación de los patronos de cada sector.

Otras cuestiones también intrincadas serían objeto de análisis por parte de los convictos analistas políticos y económicos, editorialistas y tertulianos, que ya tenían preparados sus discursos y argumentarios, defendiendo la eliminación –por manifiestamente obsoleta- de la baja por maternidad; la absoluta necesidad de suprimir el seguro laboral; la razonable conveniencia de establecer el castigo corporal para corregir conductas incompatibles con la viabilidad empresarial; el avance social, dado el problema con el suelo, que iba a suponer obligar a los obreros a dormir en las fábricas, claro que no podía consentirse que el alojamiento además les saliera gratis, como inconscientemente pretendían los sindicatos; y en fin, para la integridad de los empresarios suponía un enrome refrendo el hecho de establecer justicia penal para casos de desobediencia, distracción continuada en el trabajo o movimientos o gestos que pudieran inducir al incívico asociacionismo. Y por supuesto, que todas estas medidas iban indiscutiblemente en sintonía con la Constitución, y se inscribían impecablemente a un estado de derecho.

Eran momentos de electricidad, en los que se hacía patente el olor a historia. El presidente ultimaba su rotundo discurso –perpetrado tras su pantalla, por supuesto- para anunciar las esperadas y gloriosas reformas. Un gran paso, un antes y un después en nuestro desde ahora modernísimo y modélico sistema laboral. De hecho, observadores europeos, asiáticos y de la Administración USA aguardaban expectantes el anuncio. Eso sí, un pequeño fleco quedaba por resolver. Sí se había llegado a un acuerdo en cuanto a que la paga extra de verano consistiría en un flotador, y la de navidades en 500 gr de espumillón. Lo que aún no se había resuelto todavía atañía al salario mensual: qué seis meses el saco a entregar al trabajador sería el de trigo y qué otros seis sería el de arroz. Pero cundía la prisa: “vamos a anunciarlo ya, y pidamos a la gente paciencia, que en breve les mantendremos informados de cómo queda esa nimia cuestión”. Total, además, los empresarios estimaban entre seis y nueve meses para empezar con las contrataciones. Y los bancos y cajas aún no se habían pronunciado sobre cuándo empezarían a flexibilizar los créditos a las pymes.

Mientras tanto, en una austera habitación en la sede del Instituto Nacional de Estadística, los técnicos terminaban de cotejar los datos de la última Encuesta de Población Activa, que correspondía difundir justo al día siguiente. Y lo que se iba a anunciar es que, a fecha del corriente, dado el drástico descenso de población registrado, la población activa en España se había quedado en 2.854 personas, de las que quedaban desocupadas 1.413. En efecto, entre unos y otros habían conseguido acabar con el paro en este país.

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