Pocas pérdidas de tiempo, dinero y energías más manifiestas. Pocas leyes habrán adquirido más marca y han suscitado más comentarios, idas y venidas que la famosa Ley Sinde. Promulgada casi a escondidas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en noviembre de 2009 para controlar las descargas en Internet y en teoría proteger los derechos de las industrias culturales frente a la devastadora piratería en la Red; rechazada por el Congreso a finales de 2010; recuperada por el Senado y aprobada al segundo intento por los parlamentarios en marzo de 2011; subsiguientemente publicada en el BOE, no llegó a entrar si embargo en vigor durante la legislatura socialista; y en marzo de 2012, ya bajo gobierno del PP, el entonces “flamante” –y luego “flambeado”- ministro de Cultura José Ignacio Wert la puso a funcionar por Real Decreto en marzo de 2012, aunque en realidad la Comisión de Propiedad Intelectual –piedra angular de la ley- no empezó a trabajar hasta julio del año pasado.
Pasó entonces a conocerse como Ley Sinde-Wert (no pretenden leer “sinvergüenza”, no me vengan con el chiste fácil). Aclamada por las patronales de la industria –discográficas, cinematográficas, editoriales…- y por las entidades de gestión de de derechos de autor; vilipendiada por las asociaciones de internautas y los defensores de la libre circulación de la cultura. Esperada y salvadora, temida e inquisidora.
Ahora, más de tres años después de su concepción, conocemos por fin sus primeros resultados: la tasa media de piratería en España se sitúa en el 86%, el valor de los contenidos pirateados ha crecido un 40%, alcanzando los 15.200 millones de euros en 2012. ¡Toma ya! En el tiempo que lleva trabajando la citada Comisión de Propiedad Intelectual, de 161 denuncias –en realidad 361, pero 200 fueron “de pega”- sólo 25 han resultado en decisiones formales de retirada de contenidos considerados ilegales. España volverá a ser incluida, con toda probabilidad, en la Lista 301 de los países más “indeseables” del mundo, que elabora el Departamento de Comercio del gobierno de Estados Unidos –en defensa lógicamente los intereses de las grandes empresas perjudicadas. ¿Para ese viaje esas alforjas, queridos Sinde y Wert?. (Más detallada la historia en Un año de la Ley-Sinde Wert: una coacción ineficaz, eldiario.es )
Algunas entidades representantes de las industrias afectadas –como FAP, que representa a las industrias del cine y los videojuegos– se quejan de que consiguen más resultados con acciones disuasorias realizadas por su cuenta que denunciando a la comisión. Otras, como EGEDA, que defiende a los productores audiovisuales, se dieron cuenta pronto del fiasco y dejaron de presentar casos. Claro, te enteras de cómo funciona el supuesto órgano que gestiona las denuncias y te explicas muchas cosas.
Para empezar, en un canto a la transparencia, la composición de esa Comisión de Propiedad Intelectual era secreta; solo en caso de litigios el interesado podría saber a qué persona física dirigirse; El Mundo desveló, en un alarde de investigación, la identidad de sus miembros, fundamentalmente funcionarios y algunos de más que cuestionable legitimidad, aparte otros como una bloguera que se dice progresista pero no de izquierdas, y que hace poco levantó su buena polvareda a cuento de las peculiares ideas con que se descolgó en torno al software libre (Lucía Escapa, Pienso luego escribo, Software libre y pasteles gratis). Pues resulta, y según reconoce su presidenta, Teresa Lizaranzu, que este “comité de sabios” se reúne una vez por semana. ¿Y así cómo van a resolver 161 casos en un año?.
Y ya no hablamos del procedimiento para presentar las denuncias, exclusivamente telemático, pero ese no es el problema, sino que el proceso informático que han dispuesto para llevarlo a cabo resulta ser infame, una tortura para el denunciante, lo que no es sino la guinda de todo un marasmo burocrático que no extraña que a muchos de los anhelaban la entrada en vigor del reglamento se les hayan quitado las ganas. Vamos, un joya.
En definitiva, han tardado más de tres años, o todos han perdido tres años de tiempo y dinero, en darse cuenta de que aquella ley, avalada por los dos grandes partidos de este país y por las principales industrias culturales, no servía para nada. Y no sólo porque su implementación y puesta en práctica haya sido patética–ese “mérito” sí le corresponde esencialmente al actual ministro de Cultura– sino porque ya hace tres años era una ley anticuada y que no iba a ninguna parte. Simplemente porque ya no es de este mundo. Por poner un ejemplo, si hablamos sólo de vídeo por Internet, se estima que en el mundo hay 800 millones de usuarios de estos contenidos, y en 2016 seremos 1.500 millones. Sólo a YouTube se suben cada minuto 36 horas de vídeo, esto es más de 25.000 horas por día, mucho más de que todo lo que, por ejemplo, la CNN genera en un año. ¿Quién se pone a controlar lo que circula bien, mal o peor en ese océano, quién se atreve a juzgar a este pez o a esta ballena? Ah, y la tendencia es que la gente ya no se lo descargue –que presumen algunos iluminados de que la piratería está bajando a la vista de ese dato- sino que directamente lo ven por streaming, en España ese procedimiento se ha utilizado un 10% más que la descarga en el último año.
Así, dado el panorama, los diferentes agentes, entidades y lobbies se amparan ahora en el endurecimiento de la Ley de Propiedad Intelectual (Postura de la Asociación de Internautas al respecto) en cuyo borrador trabaja el Gobierno de este país. De ponerse de una vez a buscar modelos de negocio que funcionen en Internet y sean productivos y beneficiosos para todos… de eso no habla absolutamente nadie.
Byenrique 