Se está hablando mucho estos días -a raíz del tsunami con lo de Zapatero– de la frontera, límite o línea delgada que separa el lobby del tráfico de influencias. Y como es normal, nadie termina de explicarlo con claridad y de manera que la gente que no está metida en esos ajos lo entienda. Quizás porque esa línea, tan a menudo, sale tan borrosa.
Dicho sea, por cierto, que tampoco es que el término lobby, el supuestamente bueno de esta dupla, goce de un prestigio irrebatible. Ya la definición que da la RAE (‘actividad cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones de un ámbito púbico o privado en favor de intereses determinados’) incluye también el significado ‘grupo de presión’. Y si en vez del anglicismo (que significa vestíbulo y su aplicación proviene de lo que se cocía en los pasillos de la Cámara de los Comunes británica en el siglo XIX) nos remitimos a su equivalente en español, el tan poco usado cabildeo, nos encontramos con que la RAE define el verbo como ‘hacer gestiones con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación’. Pero a la acción, cabildeo, la define como ‘intriga’ y como sinónimos de cabildear propone, entre otros, amañar, arreglar, caciquear o mangonear.
Así que tampoco empieza muy bien el lobby. En nuestro ideario colectivo, digo el de a pie de calle, casi siempre nos hemos referido a ello en plan peyorativo y, si se quiere, con connotaciones siniestras. Tendemos a identificarlo, efectivamente, con grupos de presión que la ejercen más o menos sibilinamente y sin dar la cara. No creo que nos mueva una intención elogiosa cuando nos referimos, por ejemplo, al lobby de los médicos, al de industrias como la automovilística o al de los cerveceros que consiguen que otros nos digan que beber vino es malo. Mucho menos con los asociados a grupos culturales, religiosos o ideológicos. Por ejemplo, siempre hemos tenido muy presente al lobby judío, extendido por todo el mundo. Y en España, y muy en concreto en Madrid, tenemos hoy el lobby venezolano, porque esos potentados que han llegado de ese país no se están dedicando únicamente a pasárselo muy bien y comprarse las mejores casas del barrio de Salamanca.
Sin embargo, el lobby es una práctica profesional y hay muchas y grandes empresas que se dedican a esa actividad. Si el término nos viene de Inglaterra, el negocio nos viene de Estados Unidos, siendo la K Street de Washington considerada la meca de las más importantes y eficientes compañías que se dedican a este trabajo. A esa calle -y perdonen que traiga un recuerdo de mi mochila- acudió en su día Microsoft en busca de auxilio cuando afrontaba un proceso judicial que amenazaba muy seriamente su integridad como compañía. Es de suponer que contrató a una de las mejores del lugar, y a los pocos meses, el juez Jackson, que estaba determinado a dividirla en tres, fue apartado del caso, entonces el proceso fue virando hacia la salida airosa que finalmente consiguió la empresa de Bill Gates. Así las gasta el lobby, por si dudaban de su poderío.
Lo que sí procuran estas empresas y profesionales, por lo general, es desmarcarse de la palabrita de dudosa fama, y optan por otros términos como asuntos públicos (Public Affairs) o relaciones institucionales, y en vez de grupos de presión, se refieren a grupos de interés. La española Asociación de Profesionales de la Relaciones Institucionales (¿lo ven?) lo define como ‘una actividad profesional que se centra en la defensa de intereses legítimos ante los distintos ámbitos de la toma de decisiones públicas’.
Respecto al tráfico de influencias, no tenemos definición de la RAE, así que remitámonos a la que da la web conceptosjurídicos: ‘El delito de tráfico de influencias es el que realiza quien influye en una autoridad o funcionario público prevaliéndose de su posición, para lograr una resolución beneficiosa para sí o para un tercero, o quien trafica con dichas influencias, ofreciéndolas a cambio de dádiva, remuneración o promesa’. Vean que ya de entrada lo presenta como delito, y en otras definiciones, mismamente la de Wikipedia, es identificado como ‘una práctica ilegal, o al menos éticamente objetable’. El caso es que parece ser que esa figura, denominada tal cual, sólo está tipificada como delito en España y, por ejemplo, la OCDE parece que se cure en salud cuando se refiere al ‘tráfico indebido de influencias’.
Bien, pero volviendo al motivo de controversia: ¿en qué se diferencia el lobby de lo que entendemos por tráfico de influencias? De lo mucho que se puede leer por ahí estos días, me quedo con la reflexión del consultor en políticas públicas y expolítico Ignasi Guardans, quien dice “yo pondría en un extremo de lo que es perfectamente legítimo todo lo que es intervenir e informar sobre políticas públicas. Y en el otro extremo, lo que sería ya éticamente criticable y quizás penalmente criticable, que es intentar influir en una decisión directa y concreta para beneficiar a una entidad en particular». Al final, lo que quizás podemos concluir es que una y otra práctica no dejan de ser y basarse en lo mismo, con la única diferencia de los cauces lícitos e ilícitos que se sigan para informar, influir, intervenir… Bien, ¿y cuándo sabemos o qué determina lo que es un procedimiento ‘perfectamente legítimo’ frente a lo que es ‘ética o penalmente criticable’? Fácil no parece, desde luego, según el caso.
Digamos que la actividad de lobby, asuntos públicos o como lo queremos llamar, la ejercen profesionales muy bien preparados del ámbito del derecho, las ciencias políticas o la comunicación, entre otros. Pero también se dedican, y se han convertido en un elemento fundamental del engranaje, los políticos, principal y profusamente los ex. Aportan su agenda, sus contactos, su conocimiento de las instancias del poder, y en muchos casos, cómo no, sus lazos y vínculos personales.
Las modalidades en las que los expolíticos entran en el negocio del lobby son diversas. Pueden ser contratados por esas empresas de asuntos públicos. O por otras, hablo siempre de privadas, que quieren tener su propio departamento o a una figura que les facilite el acceso a las instancias públicas. Pueden montarse su propia empresa del ramo, con mayor o menor éxito, luego quizás ser absorbidos por otras ya muy implantadas. O pueden hacerlo por libre, ganándose sus clientes gracias a sus relaciones personales a altísimo nivel, o valiéndose de su nombre y prestigio para involucrarse en grandes emporios de alcance global que ejercen una influencia decisiva en sectores económicos estratégicos o en áreas geopolíticas determinadas.
Por volver a contar algo de mi cuento, puedo relatar algo de mi experiencia con algunas de esas empresas especializadas, tanto creadas por expolíticos como que los han contratado como asesores o como llave maestra para abrir puertas. Puedo decir que he observado comportamientos y desempeños profesionalmente intachables y un gran compromiso tanto con sus clientes como con la materia objeto de su trabajo, que, obviamente, es delicada y a veces explosiva. Respecto a empresas de otros sectores que contrataron a expolíticos, me voy a acordar de una tecnológica americana muy importante que ya no existe -y por lo tanto, no es Microsoft-, que para mantener relaciones fluidas con un cliente suyo fundamental como era la Administración, fichó en Inglaterra a John Major y en Italia a Guliano Amato, ambos ex primeros ministros. En España, opino que sus cazatalentos no anduvieron tan certeros, pero no es cuestión de que cite aquí apellidos que a lo mejor pueden confundirse con la velocidad.
¿Y para qué se meten los políticos en esto? Ahí, supongo que abrimos un buen melón. Parece lógico pensar que muchos lo hacen porque se les acaba el recorrido y aspiran a labrarse un nuevo camino profesional aprovechando su experiencia y conocimiento. Es un poco como esos deportistas que, cuando se retiran, encuentran trabajo como comentaristas en los medios. Al fin y al cabo, la mayoría no han desarrollado otros estudios o carrera profesional, y es de eso de lo que saben. Pero también puede haber otras motivaciones, muy diversas y de diferente índole. De la más natural a la más enrevesada, del puro interés por seguir en la vida pública a la más devastadora de las ambiciones. No olvidemos una cosa: en sistemas democráticos, por lo general, la política no hace ricos. En cargos públicos se cobra lo que estipulan las leyes, reglamentos o estatutos, siempre como funcionarios del Estado. Con las actividades de influencia, mediación, representación de grupos de interés… normalmente se entra en la esfera privada y se gana más. A determinados niveles, según para quién se trabaje y en qué proyectos se embarque, sí se puede uno enriquecer. A veces, con una simple y sola llamada.
El hecho es que es amplísima la nómina de exministros, ex secretarios de Estado, ex mandos militares y en general personas que han ostentado puestos públicos de responsabilidad y hoy se dedican al lobby en cualquiera de sus facetas y manifestaciones. En España y puede decirse que en todos los países de nuestro entorno. A nivel nacional o con clientes y proyectos multinacionales. Ganando algo, mucho o un potosí.
Si ya hablamos de expresidentes, ex primeros ministros y hasta ex jefes de Estado, esa lista es lógicamente más reducida, pero también el calado de sus actuaciones sube acorde su nivel de relación e influencia. Entonces, según quién y en qué casos -porque no puede decirse lo mismo de todos-, puede que ya no estemos hablando meramente de informar, mediar, representar… Y que, parafraseando, con perdón, a Karol G en su famosa canción, ya no estén actuando propiamente como lobistas, ‘sino como otra cooosa’. Algunos, hasta puede que ni siquiera hayan necesitado ser ‘ex’.
Y hasta aquí este post, que iba a ser más largo, pero veo que ya me he extendido demasiado. Si me veo con ganas, escribiré una segunda parte. Que sería mucho menos amable…
Byenrique 