Qué bello, pero qué imposible… Hablamos de vivienda. Puede España presumir de ser uno de los países con mejor calidad de vida… excepto cuando se trata de encontrar un sitio donde vivir. Las casas nunca fueron ni serán baratas, en ningún lugar del mundo, pero otra cosa es cuando ni por asomo se pueden pagar. Al aire libre vivimos maravillosamente, tenemos parques, terrazas, hermosos paseos, buen tiempo muchos días… pero bajo techo, una vida digna no es para cualquiera. Muchos, demasiados españoles no se lo pueden permitir.
Últimamente se cuestiona la constitucionalidad de muchas cosas, esos temas dan mucho juego y llenan páginas y debates. El artículo 47 de la Constitución Española reza: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. ¿Hay un artículo constitucional más incumplido que este?
Los datos estadísticos, fundamentalmente los del INE, indican que el español medio dedica un 32,4% de su presupuesto a la vivienda, incluyendo además agua, electricidad, gas y otros combustibles. Ello significaría que no diferimos mucho de otros países de Europa y que estaríamos cerca del 30% que los expertos estiman que el coste de la vivienda debería suponer respecto de los ingresos. Pero algo no cuadra. ¿Es representativa esa media de presupuesto familiar? Si tomamos como medida el salario mínimo, que es lo que vienen a cobrar muchos jóvenes de este país, el alquiler de un piso de 45 metros cuadrados en ciudades como Madrid y Barcelona se les lleva el 60% y 70% del sueldo.
¿Y puede darnos una idea la edad de emancipación? En España, los jóvenes se independizan a una edad media de 29,8 años, frente a los 23 en Alemania, Francia o Países Bajos y menos de 21 en los países nórdicos, 19 concretamente en Suecia. De hecho, en estos países, los padres invitan amablemente a sus hijos a marcharse de casa apenas cumplen los 20. Aquí, no los van a mandar a vivir en la calle. Tendrá que ver con muchas cosas, entre ellas las becas que reciben los estudiantes universitarios. Pero evidentemente, la diferencia de poder adquisitivo en relación con lo que cuesta pagar una vivienda, es abismal.
Ahora nos dicen que por fin se ponen las pilas los estamentos públicos y privados. Gobierno, constructoras, promotoras y bancos se sientan y buscan fórmulas para resolver o al menos aliviar un problema que organizaciones como Unicef o Cáritas ya identifican como uno de los grandes factores de pobreza en nuestro país. Lo que pasa es que sabemos que nadie va a ceder mucho de su parte del pastel. Ciertamente, se hace muy difícil tener fe en cualquier ley de vivienda o similar que consiga articular el gobierno de turno. Siempre habrá fondos de inversión, grandes tenedores -que están en su derecho de tener, pero no de abusar-, especuladores de medio y alto pelo… y precios de compra o alquiler inasumibles para cualquier normal.
Ahora lo llamamos mercado tensionado, y en realidad es imposible. Hasta en los tiempos más floridos de la burbuja inmobiliaria, si ni en sueños podías pensar en comprarte un piso, a lo mejor sí podías instalarte de alquiler a un coste no módico y encima sujeto a avales, pero al menos medio permisible. Muchas familias vivieron felices en su modesto pero coqueto pisito que no era suyo… hasta que los dueños los echaron porque se dieron cuenta de que los turistas pagan mucho más y más veces. Unos se tuvieron que ir a vivir a poblaciones satélite de las capitales, otros a Segovia, al Bierzo… o a casa de sus ya mayores padres otra vez. Y eso lo han permitido nuestras leyes, nadie ha levantado la voz para que decir que es inconstitucional.
Si la vivienda fuera un derecho y realmente los poderes públicos lo garantizaran, harían por buscar soluciones, le cueste a quien le cueste. Yo aquí dejo una: todo ciudadano debería tener acceso a una vivienda facilitada por el Estado a partir de una cierta edad -que se podría discutir si 21, 23 o 25, por ejemplo. Básica y sin lujos, pero en condiciones. Idealmente gratuita, y si las arcas no lo permiten, por una renta exigua y deducible en la declaración de Hacienda. Cuando ese joven conformara una unidad familiar, dejaría esa vivienda y pasaría a ocupar otra mayor, acorde a las nuevas necesidades. Y en función de las circunstancias familiares futuras, podrían ir cambiando de piso o quedarse en ese. Eso no impediría, al que pueda y lo prefiera, comprarse un piso en el Barrio de Salamanca, un chalet en Somosaguas, un palacete en Arturo Soria, un apartamento de lujo en Marbella… o todo a la vez. Sí tendría que dejar la vivienda estatal para que la disfrute otro. ¿Sería una ruina para constructoras, inmobiliarias, etc…? No lo sé, pero todo se puede tratar y negociar. El Estado las contrataría para construir un montón de viviendas públicas y además seguirían teniendo un jugoso mercado de lujo, porque ricos dispuestos a comprar seguiría habiendo. Ah, pero para costear todo ese enorme gasto público, ¿deberíamos pagar más impuestos? Pues claro que sí. ¿Qué preferimos, pagar menos y no tener donde vivir?
Llámenme comunista. Pero lo que propongo no lo es, sino constitucional. Llámenme utópico. Eso sí, porque nunca sucederá.
«La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad», dijo Le Corbusier. Pero en España, para muchos, es un estuche en el que malviven y una máquina de infelicidad.
(Foto: jarmoluk)
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