Modelos sí, modelos no (lo de Pablo Soto)

En este espacio ya nos hemos referido al caso de Pablo Soto, el desarrollador de software madrileño que ha roto los moldes del éxito con una serie de programas de su creación que permiten la compartición de archivos. Las multinacionales de la industria discográfica le reclaman ahora, por la vía civil, el pago de 13 millones de Euros en concepto de indemnización por los millones de descargas de canciones sujetas a derecho de autor que los internautas han efectuado empleando su herramienta.

Este no es un caso más en la historia de los juicios por descargas de contenidos en Internet en España o en el mundo. Contiene elementos y matices novedosos que lo hacen singular, como por ejemplo el hecho de que sea un desarrollador de software quien se sienta en el banquillo. Para entender todas sus claves y conocer todas las aristas y puntos de vista que el caso ofrece, yo no lo voy a hacer mejor que mi amigo Ramón Muñoz en el artículo que hoy publica en El País. El software, a juicio. El País, 17-06-2009 Altamente recomendable, además, para hacerse una buena idea del escarpado paisaje por el que hoy se mueven las industrias culturales, los creadores de contenidos, los proveedores tecnológicos y, en medio de todo, los usuarios de Internet.

Por mi parte, únicamente voy a intentar aportar en lo único en lo que realmente creo que puedo hacerlo. Se sorprende el autor en otro artículo  Pablo Soto, el hérore de las descargas libres, prohibe la copia de sus programas. El País, 15-06-2009 , y supongo que mucha gente también, del celo de Pablo Soto por proteger los derechos de propiedad intelectual de los programas de software que él ha creado, cuando, paradójicamente, son esos programas los que le han llevado al banquillo por haber presuntamente fomentado la piratería. Bueno, es que no tiene nada que ver, a mi entender. Un programa de software es una creación sujeta a derechos de autor, amparados por la Ley. Pero el creador puede elegir si comparte el código y deja que todo el mundo acceda libremente a él sin pagar nada, o si lo vende por los canales que considere oportunos: por Internet, empaquetado, a través de licencias de uso bajo múltiples fórmulas… incluso puede elegir ofrecer gratuitamente ciertos componentes de su programa y bajo pago otros. Esto es así, más que nada, porque la industria del software sí tiene un modelo de negocio –o varios modelos- que contemplan su distribución en cualquier ámbito, en la calle o en la Red, y la gestión de los derechos de autor por uno u otro medio. Y el desarrollador, en este caso, se ha acogido a un determinado modelo de negocio que es legítimo. Luego, si sus herramientas han sido utilizadas para piratear y si él mismo lo ha podido fomentar, ya es otro debate y otro caso. Pero un debate y un caso que nacen, precisamente, de la carencia de ese modelo de negocio cuando se trata de la distribución de contenidos culturales por Internet. Y todo indica que no lo tienen porque no se han molestado en buscarlo quienes debían y quienes se hubieran beneficiado de haber acertado a encontrarlo, y ahora se sienten dolorosamente perjudicados y reclaman daños y perjuicios para mitigar sus pérdidas y seguir haciendo lo mismo, es decir, seguir sin hacer nada. En este sentido, me parece que las declaraciones de Miguel Ángel Uriondo dan en el clavo.

En definitiva, ni se trata de que la cultura sea el chollo del gratis total como si de una paella gigante y solidaria se tratara, ni de que se prohíba  la entrada al recinto simplemente porque no saben ni qué precio cobrar ni dónde poner la taquilla. Pero se entiende quien crea algo es libre de buscar reconocimiento y recompensa si así lo quiere, acogiéndose al modelo -legítimo eso sí- que considere más apropiado. Y donde no hay modelo de negocio ni vida inteligente, ya no es asunto suyo.