No debería ser tan complicado. Por mi parte, se sabe perfectamente quién me paga y cuánto. Tengo clientes a los que emito mis facturas. Luego, yo tengo que declarar a Hacienda todo lo que facturo, aunque no tenga que mencionar expresamente a mis pagadores. Pero ellos sí. Cada uno tiene que informar al fisco de lo que me ha pagado al año, luego esa información la tiene la Administración como la tengo yo y no podemos engañarnos uno al otro (llegado el caso, yo tendría todas las de perder). Igualmente, si yo he pagado a alguien ese año, también lo tengo que declarar y, por lo tanto, se sabe.
Esto vale para cualquier profesional que trabaje por su cuenta, pero también para cualquier empresa. Si vende al público -un bar o una tienda de zapatos- no tiene que revelar quiénes son todos sus pagadores -sería una locura-, pero sí debe declarar religiosamente el montante de lo que ingresa por sus ventas. Y también lo que compra a empresas proveedoras y lo que paga a sus empleados, que, a su vez, tanto unos como otros han de declarar.
Si la empresa vende a otras empresas, es lo mismo que el profesional. Emitirá las facturas a sus clientes y éstos declararán a Hacienda cuánto han pagado al año a su proveedor. Ni uno ni otro lo podrán ocultar.
Dicho esto, los medios de comunicación son empresas o pertenecen a grupos empresariales. Luego es lo mismo. Deben declarar todos sus ingresos. En bruto lo que venden al público -periódicos, suscripciones…- y mediante factura lo que venden a empresas y otras organizaciones -generalmente, publicidad y derivados. A su vez, sus clientes –anunciantes y derivados- han de declarar anualmente lo que han pagado a cada medio. Por anuncios, banners, campañas, por acciones comerciales varias, patrocinio de eventos, números especiales, publirreportajes (o llámenlo branded content) y en fin, todo lo que hayan contratado con esa revista, radio, televisión o medio online.
Tengamos en cuenta que esos anunciantes pueden ser empresas, instituciones, incluso particulares. Da lo mismo. Han de saberse los pagadores, los cobradores y las cuantías de los pagos. Si sucede que, además de los bienes y servicios mencionados, ha habido alguna otra operación o acuerdo que haya supuesto una contraprestación económica, debe declararse y conocerse también. Si no, estará fuera de la ley. Llámenlo como quieran -negro, gris, B, pitufo… -, pero supondrá ocultación de información y fraude.
Por otro lado, de toda empresa se debe saber su composición. Si son dos socios que montaron una ferretería, si es una sociedad limitada que produce vídeos o importa espumosos, si es una gran sociedad anónima con una junta general de accionistas y un consejo de administración. Están todos en el registro mercantil. Pueden ser socios particulares o pueden ser empresas las que aporten su parte de capital, bien mayoritario, significativo o quizás testimonial. A veces, hablamos de entramados empresariales enormemente complejos. Otras, simplemente hay un más o menos potente inversor detrás de un negocio. Así funcionan también muchos medios de comunicación, desde los grandes grupos mediáticos hasta los pequeños satélites y meteoritos que difunden información, opinión u otros contenidos. Da igual. De todos es lícito y necesario saber quiénes son sus dueños, quién está delante y detrás.
Con los partidos políticos, es parecido. No son empresas como tal, y se supone que no tienen ánimo de lucro. Pero su funcionamiento no difiere demasiado en muchos aspectos. Tienen empleados, oficinas, gastos y también ingresos. Éstos, cuanto más cuantiosos son, permiten contratar a más gente, pagar mejores sueldos y gastar más en propaganda, actos y campañas.
La financiación de los partidos políticos está regulada en el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2007 y puede ser pública y privada. La primera consiste básicamente en las subvenciones, estatales y autonómicas, que por lo general son proporcionales a los resultados que obtienen los partidos en las sucesivas elecciones. Por eso, un batacazo electoral supone también un quebranto económico, como los que sufrieran el PSOE en 2011, el PP en 2019, Ciudadanos en la repetición electoral de ese mismo año o Podemos repetidamente desde su gran éxito en 2015. Puede traducirse en despidos, cambios de sede y, en general, drásticos recortes de gastos que afectan a su actividad.
En cuanto a la financiación privada, el lado oscuro está en las donaciones en dinero o en especie que la ley contempla que los partidos pueden recibir. Es bastante complejo explicarlo, pero intentemos sintetizarlo en que en teoría no pueden ser donaciones finalistas (destinadas a un fin o proyecto concreto) y no pueden superar los 50.000 euros al año. Ah, pero sólo tienen obligación de hacerse públicas las que superen los 25.000 euros. Como ningún partido español declara haber recibido donaciones por más de esa cantidad, resulta que todas las que reciben son de procedencia desconocida. No es posible saber quién les da dinero, mucho menos para qué. Y en teoría, no está permitido que un mismo donante aporte cantidades varias veces el mismo año. Pero si no se declara, a saber…
No debe extrañarnos que las leyes de financiación de partidos políticos tiendan a ser laxas, básicamente porque las aprueban los propios partidos. Aún así, casos conocemos en España -de prácticamente todos- en que se la han saltado. Puede entonces plantearse la cuestión de por qué un gobierno, ejercido por una o varias formaciones políticas, puede exigir a otros la transparencia de sus cuentas, ingresos y gastos, cuando ellos mismos no se la exigen suficientemente. Y cabe decir lo mismo de los medios y otras entidades que, con toda la razón, la piden para los demás, pero se quejan amargamente si se la reclaman a ellos.
Pero, en general, los ciudadanos sí debemos exigir esa transparencia a todos. A los partidos políticos y a las empresas, entre ellas, a las de medios de comunicación. Porque si supiéramos fehacientemente de dónde les viene el dinero, o buena parte de él, a lo mejor comprenderíamos ciertas formas de actuar, proceder y comunicar. O, por ejemplo, por qué hay algunos temas que saltan de pronto o están impenitentemente en primer plano en los medios, en el parlamento y, en general, en la escena política. Es decir, dime quién te paga y me explicaré algunas cosas. Sonará mal, pero tantas cosas suenan peor…
(Foto: satheeshsankaran)