Resulta que fue allá por el mes de enero cuando empezamos a traer y llevar a propósito de la Ley Sinde, y es hoy cuando está pasando por el Congreso. Resulta que nos hemos tirado un año discutiendo si blanco o si negro, si marrón o si verde, pero el problema que se supone venía a intentar solucionar –las descargas ilegales en Internet y su consiguiente daño para las industrias culturales- ha seguido coleando durante todo este tiempo. Y resulta que ahora, después de un año, nos damos cuenta de que lo propio sería que esta Ley tuviera su propio desarrollo dentro del marco de la legislación sobre propiedad intelectual en nuestro país, y no como disposición segunda de otra ley –la famosa LES, Ley de Economía Sostenible, tan ambiciosa en su momento y a la que el “efecto Sinde” ha terminado por eclipsar. Sí, eso es lo que ha propuesto esta mañana el PNV: separarla y votarla aparte, avanzando que ellos lo harán en contra.
Se marea así un poco más la perdiz en torno al debate, y por lo que parece se aplaza nuevamente la solución. Si es que esta ley consigue ser alguna vez una solución. Sí, se trata de una de las más bienintencionadas que se podían engendrar. Es verdad que trata de mantener una equidistancia entre las partes, industria e internautas. Pero es que las posturas entre ambas están tan diametralmente alejadas que aunque te sitúes en el justo medio, te queda un inmenso vacío a un lado y a otro.
Luego, dentro de esa buena intención, siguen quedando flecos sin resolver que en un año no hemos conseguido aclarar. Como quién va a componer esa Comisión de Propiedad Intelectual que tantas atribuciones va a tener; o el papel real de la Audiencia Nacional, si el juez va a tener capacidad de discernir realmente en cuanto a si se vulneran los derechos de autor o sólo en materia de libertad de expresión. Aparte de las dudas en cuanto a la agilidad de la decisión judicial, que se supone no podrá tardar más de cuatro días. Y sigue sin abordarse el papel de las operadoras, su responsabilidad, si deberían ellas también pagar derechos de autor al ser beneficiarias del tráfico que se genera.
Una cosa es el espíritu de la ley y otra cómo articularla y luego ponerla en práctica. En lo primero -el espíritu- la ministra González-Sinde lo refleja muy bien al decir que ni los derechos de autor han de ser ilimitados ni la cultura puede ser “gratis total”. Lo segundo y lo tercero es mucho más peliagudo. Y por mucho que la ley trate de crear mecanismos, comisiones, participación del poder judicial… sigue siendo un campo demasiado grande como para acotarlo. O como querer tapar el Sol con una manta, que escuché ayer. Para que el modelo jurídico y económico sea sostenible y fiable, es necesario un cambio de actitud de los principales actores. Las industrias tienen que esforzarse –no les queda más remedio por mucho que se empeñen- en buscar nuevas formas de difusión y comercialización de sus contenidos, acordes con los nuevos tiempos; y los internautas aceptar que ciertas cosas en esta vida no pueden ser gratis, aunque eso sí, pueden exigir calidad y precios justos. Y definir el papel y la responsabilidad de las operadoras. Mientras esas condiciones no se den–y no tiene pinta- cualquier ley que se precie va a ser un espantapajaros en mitad de la estepa rusa.
De momento, hasta última hora de la tarde de hoy, por lo menos, no sabremos si hasta aquí ha llegado la Ley Sinde después de un año.
Byenrique 