Si el juez no juzga, nos vamos

Anteayer nos referíamos a la traída y llevada Ley de Economía Sostenible y su capítulo dedicado a la protección de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Aludíamos al sinfín de interpretaciones y opiniones -algunas paradójicas y hasta exóticas- acerca de los diferentes aspectos de la ley, que más que tal parece una feria que cada uno cuenta según le va. Bien, pues en la feria hay un tenderete que me había pasado inadvertido y que tiene la miga, el pescaíto y los farolillos del asunto. Resulta que, ante la airada protesta de la comunidad internauta y bloguera cuando se conoció –de casualidad, recordemos- el primer texto, el Gobierno corrigió e introdujo la figura del juez como garante de que los posibles cierres de páginas no se realizaría con la arbitrariedad de quien es parte interesada y además decide. “La última palabra siempre la tendrá un juez” aseguraba la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Pues bien, una vez leído bien en el texto, descubrimos que gato por liebre. El juez decide, sí, si el cierre del sitio se lleva a cabo, pero sólo en función de si ese acto va contra el artículo 20 de la Constitución, que es el que rige el derecho de libertad de expresión. Pero no juzga sobre si el contenido de la página o del servicio vulnera o no los derechos de propiedad intelectual. Eso lo determina la Comisión de Propiedad Intelectual, ese órgano administrativo creado al efecto, cuya composición aún no conocemos y que depende del Ministerio de Cultura. Ese es el que juzga, no el juez. Supongo que este “pequeño matiz” aportará a muchos un argumento importante a la hora de decidir si se está o no de acuerdo con la ley. A mí desde luego, sí me lo aporta. Así que ya me tienen de ese lado. Me apunto a la campaña contra la Ley, aún reconociendo que quizás se ha hecho un esfuerzo por buscar un punto de equilibrio entre los intereses de unos y otros. Pero no lo han encontrado.